LAS LEYES DE TROPA Y MARINERIA VULNERARÍAN TAMBIÉN LA NORMATIVA COMUNITARIA (18/05/2017)



Al Militar Profesional de Tropa y Marinería temporal (MPTM temporal) se le está aplicando fraudulentamente la Ley 8/2006 de tropa y marinería, que está verdaderamente encubriendo la aplicación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que es la que les corresponde como derecho que todo ciudadano español tiene reconocido por la Constitución y sin que existan razones justificadas para ello, ni en el resto de la normativa española ni en la propia Constitución, ni mucho menos en la normativa comunitaria.

La escala de Tropa está regulada por 2 leyes distintas; la Ley 8/2006 de tropa y marinería  temporal y la Ley 39 /2007 de la carrera militar que rige a los permanentes, estableciéndose con ello una clara DESIGUALDAD y DISCRIMINACIÓN entre trabajadores de la misma escala, es decir, entre los MPTM temporales y los MPTM permanentes, con idénticas funciones y responsabilidades durante toda su relación de servicios con las FAS y ocupando idénticos puestos de estructura.  Dicha discriminación iría claramente en contra del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE  que establece los principios generales y las condiciones mínimas para los contratos de trabajo de duración determinada y cuya finalidad es la de garantizar la aplicación del principio de no discriminación estableciendo un marco general para asegurar la igualdad de trato a los trabajadores con un contrato de duración determinada, e impidiendo la utilización abusiva de sucesivos contratos de trabajo temporales.

La desigualdad y  discriminación se concreta, entre otros, en los siguientes hechos:

1.- Desigualdades en cuanto al Salario. Los MPTM permanentes perciben un salario superior a los MPTM temporales por la realización del mismo trabajo. ANEXO I del Real Decreto 1314/2015)

 2.- Desigualdades en cuanto a la Uniformidad. MPTM permanentes visten uniformes distintos a los MPTM temporales para la realización del mismo trabajo ( Orden DEF 1756/2016).

 3.- Desigualdades en cuanto a derechos derivados de enfermedad Común o Profesional. Los MPTM permanentes en virtud de la apertura del expediente de aptitudes psicofísicas pierden destino después de 1 año. Los MPTM temporales  en virtud de la apertura del expediente de aptitudes psicofísicas pierden destino después de  6 meses (Decreto 944/2001, modificado por el art. 121 de la Ley 39/2007)

 4. Desigualdades en cuanto a la aplicación de la normativa para la Resolución de compromiso (extinción de la relación laboral) que se concreta en la aplicación de normas distintas cuando la causa de la resolución del compromiso es la comisión de un delito doloso castigado por el código penal ordinario. A los MPTM de carrera se les aplica la LORDFAS 8/2014 en su art. 8.14 y a los MPTM temporales el art. 10.2.i de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería.

 5.- Desigualdades de derechos laborales entre los MPTM temporales españoles y los MPTM temporales extranjeros ya que a estos últimos se les permite concatenar contratos iniciales pero no firmar el contrato o compromiso de larga duración hasta la edad de 45 años (art. 11.3 de la Ley 8/2006), etc.

Todas estas desigualdades suponen, además una vulneración del principio de Igualdad ante la Ley del articulo 14 Constitución española como derecho fundamental contenido en el capitulo segundo de la misma y susceptible de amparo constitucional.

La cláusula 4 del Acuerdo marco, titulada «Principio de no discriminación», establece en su apartado 1:

«Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas.»

Esta cláusula  del Acuerdo marco debe interpretarse en el sentido de que expresa un principio de Derecho Social de la Unión que no puede ser interpretado de manera restrictiva.

La Administración militar utiliza estas fórmulas de contratación temporal denominadas “compromisos” para evitar, confundiendo conceptos, que lo trabajadores adquieran derechos laborales regulados en el Estatuto de los Trabajadores y también el derecho a una relación laboral indefinida en las FAS cuando en realidad lo que oferta en sus convocatorias de empleo público son puestos de estructura que no tienen causa de temporalidad.

Así se puede comprobar en la reciente convocatoria: Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo de 2017, de la Subsecretaría de Defensa, (BOD Núm. 66. Sábado 18 de marzo de 2017 Sec. II.B. Pág. 19892.

La razón de la convocatoria de plazas para el acceso de estos empleados públicos a la Administración Militar, es dotar al ejército de puestos de trabajo básicos, necesarios permanentemente, puestos de estructura y que tienen su propia escala dentro de las FAS con sujeción a unos Presupuestos Generales, mediante proceso de selección por el sistema de concurso-oposición, como se establece en la propia convocatoria.

 Debe entenderse que el concepto de «razones objetivas», en el sentido de la cláusula 4, apartados 1 o 4, del Acuerdo marco, no permite justificar una diferencia de trato entre MPTM temporales y MPTM  permanentes por el hecho de que aquélla esté prevista por una ley. El hecho de que la  Ley de Tropa establezca de forma subjetiva y arbitrariamente la condición del cumplimento de la edad de 45 años para fijarlo como causa de finalización de la contratación temporal no puede constituir tal “razon objetiva”, además de constituir, por sí misma, un elemento claramente discriminatorio por razón de edad que atentaría contra la propia Constitución Española y contra la normativa europea sobre derechos laborales y sobre derechos humanos.

 Por otra parte en virtud de la cláusula 5 del Acuerdo marco, los estados miembros deberán introducir medidas para prevenir los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada partiendo del principio según el cual la vinculación ordinaria o normal debe ser la fija. Esto es lo que trata de regular precisamente el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

 El Tribunal de Justicia de la Unión europea nos recuerda la fuerza vinculante del derecho Comunitario a pesar de nuestra legislación nacional. La Directiva en la interpretación dada por el TJUE es vinculante para nuestras Administraciones Públicas, debiendo ser aplicada en ese sentido por los Jueces en cada país.

Esperemos que en nuestro Estado social y democrático de derecho la separación de poderes sea real y nuestros  jueces españoles sean capaces de corregir los “errores” del legislativo y del ejecutivo.