¿QUIÉNES SOMOS?

Un equipo de especialistas en asesoramiento y defensa jurídica a militares, guardias civiles y policías en asuntos por razón de su profesión: disciplinarios, administrativos, sociales o penales actuando ya sea en vía administrativa, o judicial.

¿QUÉ HACEMOS?

Derecho Militar, Guardia Civil y Policía

ASUNTOS NO DISCIPLINARIOS

Incapacidad temporal, incapacidad permanente, resolución de compromiso, recompensas, expedientes de aptitudes psicofísicas, APL, reintegro de gastos por asistencia sanitaria, etc.

ASUNTOS DISCIPLINARIOS ( FALTAS MUY GRAVES, GRAVES Y LEVES )

Arrestos, sanciones económicas, pérdida de destino, baja en el centro de docente militar de formación, suspensión de empleo, separación de servicio, resolución de compromiso, separación del servicio, suspensión de funciones, traslado forzoso, etc.

ASUNTOS PENALES ( DELITOS Y FALTAS )

Tipificados por el Código Penal ordinario y/o  por el Código Penal  Militar. “ Habeas Corpus “.

RESPONSABILIDAD CIVIL Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.

CONFLICTOS SOCIO-SANITARIOS

Apls, Resolución de compromiso por expedientes de condiciones psicofísicas, Negligencias profesionales sanitarias, ISFAS y entidades de seguro libre asociadas.

ACTUACIONES:

  • En Vía administrativa, con recursos: administrativo inicial, recurso de alzada, recurso potestativo de reposición.
  • En Vía judicial, con demandas ante:  la Jurisdicción Social, Contencioso-Administrativa, Tribunales Superiores de Justicia, Tribunal Supremo , Tribunal Constitucional y Tribunal Europeo de Derechos humanos.
  • SALIDAS DE DESPACHO:  Asistencia a Juicios.

DAMOS NOVEDADES

DE LA “PRETENDIDA RELACIÓN JURIDICO PÚBLICA DE CARÁCTER ESPECIAL“ (09/04/2017)

DE LA “PRETENDIDA RELACIÓN JURIDICO PÚBLICA DE CARÁCTER ESPECIAL“ (09/04/2017)

Ni la doctrina ni la Jurisprudencia han llegado a determinar la verdadera naturaleza de la relación jurídica que une a los militares de tropa y marinería (MPTM) temporales con la Administración Militar.

 La Ley 8/2006 de  Tropa y Marinería dice: “…. Esta relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas, en cualquiera de sus modalidades, es una relación jurídico-pública de carácter especial que se establece mediante la firma del compromiso y se rige por esta ley”.

Lo cierto es que “esa pretendida relación Jurídica de carácter especialconstituye un concepto jurídico confuso e indeterminado que ni la Jurisprudencia ni la doctrina ha delimitado claramente y que no tiene encaje en el resto del ordenamiento jurídico como tampoco lo tienen los contratos llamados “compromisos” ya que no existen en ninguna otra Administración Pública española ni están, por tanto, amparados por el resto del ordenamiento jurídico (Estatuto Básico del Empleado Público y Estatuto de los Trabajadores) ni por nuestra Constitución.

En el actual proceso hacia la  laboralización de los soldados de  Tropa y Marinería temporales que ha iniciado este Gabinete jurídico “Baluartelex” y que tiene por finalidad  que los Tribunales reconozcan los derechos laborales de éste colectivo nos han argumentado en su contra, hasta el momento, motivos infundados ante los cuales hemos de argumentar lo siguiente:

PRIMERO.- Se alega infracción del art. 1.3.a) del Estatuto de los Trabajadores.

 A ello tenemos que decir que  La Ley 8/2006 de tropa y marinería no está regulada por norma administrativa ni estatutaria alguna. Es decir que no existe real decreto u orden ministerial alguna que regule esta Ley. Por lo tanto a “sensu contrario” los MPTM temporales no estarían excluidos del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores y consecuentemente tampoco estarían excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).

En todo caso, los MPTM temporales no solo prestan servicios con ajenidad y subordinación, sino que además lo hacen mediante voluntariedad y remuneración. Así pues, NO nos cabe ninguna duda de que, es el Orden Jurisdiccional Social el competente para examinar la naturaleza de esta relación de servicios profesionales que, a nuestro juicio, no es más que una relación contractual de trabajo.

En éste sentido citar  La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su de 27-7-2011 ( recurso 2883/2010) y más recientemente la Sentencia de 13 de mayo de 2016 nº de Recurso 2228/2014 de la misma  Sala de lo Social del Tribunal Supremo que en su fundamento de derecho primero apartado 4 establece:

Es el Orden Jurisdiccional Social el competente para determinar la naturaleza de dicha relación contractual del actor con la Administración….”

  “…En efecto, es bien sabido que, desde el punto de vista material, la prestación de servicios profesionales en régimen de ajenidad y dependencia es de naturaleza jurídico-laboral y que solamente es posible calificarla como contrato administrativo porque una ley expresamente permita esa exclusión que, por ello mismo, tiene naturaleza constitutiva y no meramente declarativa. Ahora bien, esa exclusión constitutiva no se produce en el vacío, esto es, no es un cheque en blanco que se conceda a la Administración Pública para que -cual nuevo Rey Midas que convertía en oro todo lo que tocaba- pueda convertir en contrato administrativo cualquier contrato materialmente laboral por el solo hecho de calificarlo como tal (a través de las sucesivas configuraciones legales y denominaciones que esos contratos administrativos de prestación de servicios han recibido por parte de las sucesivas leyes de la contratación administrativa que se reseñan en la propia sentencia recurrida: para trabajos específicos y concretos no habituales; de consultoría y asistencia, de asistencia o servicios, etc.). Por el contrario, esa exclusión constitutiva tiene que tener un fundamento, pues de lo contrario entraría en abierta contradicción con el artículo 35.2 de la Constitución que establece que 'la ley regulará un estatuto de los trabajadores', de la misma forma que el artículo 103.3 dice que 'la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos'. Es decir, la Constitución establece un modelo bipolar (funcionarios y laborales) del personal al servicio de las Administraciones Públicas, modelo al que se han ido aproximando las sucesivas concreciones de la legislación ordinaria -y la que más lo hace es el Estatuto del Empleado Público ( Ley 7/2007, de 12 de abril, artículos 8 a 12 ), si bien ese modelo bipolar siempre ha permitido algunas excepciones de contratos administrativos de prestación de servicios personales que, como tales excepciones deben ser interpretadas restrictivamente y que, como decíamos, siempre se han autorizado sobre la base de alguna razón justificadora.

Por lo tanto, en todo caso, según la jurisprudencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo correspondería al Orden Jurisdiccional Social establecer la naturaleza jurídica de esta relación jurídico pública de carácter especial, en cuanto relación de servicios del este personal temporal al servicio de la Administración Pública Militar.

SEGUNDO.-  La propia Ley 8/2006 de tropa y marinería no determina si la relación jurídico pública de carácter especial está amparada en el Derecho Administrativo o en el Derecho Laboral.

La anterior Sentencia citada determina al respecto que “la prestación de servicios profesionales en régimen de ajenidad y dependencia es de naturaleza jurídico-laboral y que solamente es posible calificarla como contrato administrativo porque una ley expresamente permita esa exclusión que, por ello mismo, tiene naturaleza constitutiva y no meramente declarativa….”

La Ley 8/2006  de tropa y marinería no califica como contrato administrativo expresamente esta relación jurídico pública de carácter especial, luego, como indica la referida Jurisprudencia de TS, la prestación de servicios profesionales de estos MPTM temporales en régimen de ajenidad y dependencia es de naturaleza jurídico-laboral.  En el caso de la Ley 8/2006 ni siquiera se ha producido esa exclusión constitutiva expresa, y, por lo tanto, el no reconocimiento de la naturaleza jurídico-laboral de esta relación de servicios de los MPTM temporales entraría en abierta contradicción con el artículo 35.2 de la Constitución que establece que 'la ley regulará un estatuto de los trabajadores', según el TS.

Todo lo cual, además,  trae como consecuencia directa la vulneración de derechos fundamentales que estamos denunciando respecto de este colectivo. Es decir con el hecho de que  a estos MPTM temporales no se le haya reconocido hasta el momento el carácter de su vinculación laboral con la Administración Pública, entre otros, se estaría vulnerando el derecho de Igualdad ante la Ley  (Artículo 14 CE), el Derecho al Trabajo (Artículo 35.2 CE), el derecho a la seguridad Jurídica y a la no arbitrariedad de los poderes públicos (Artículo 9.3 CE) y todo ello en relación con las obligaciones constitucionales a las que están sometidos los Poderes Públicos ( Arts 53.1, 103 CE ).

TERCERO.- En algunos casos, se nos alega que la relación jurídica que une a los militares de tropa y marinería (MPTM) temporales con la Administración Militar tiene naturaleza funcionarial, concretamente naturaleza estatutaria. De ser de naturaleza estatutaria esta pretendida relación jurídico pública de carácter especial su vinculación hubiese sido por nombramiento legal y no mediante la firma de compromisos o contratos. Además, esta relación jurídico publica de carácter especial tendría carácter permanente y no temporal. Por todo lo cual estos trabajadores no pueden encuadrarse dentro de los supuestos establecidos en el art. 9 y 10 del Estatuto Básico del Empleado Público.

 Por desgracia estos MPTM temporales, son despedidos al cumplir los 45 años de edad. No obstante a algunos de ellos se les permite “ingresar“, es decir, tener acceso a una relación de servicios de carácter permanente y convertirse así en  militares de Carrera con lo cual ya si pasarían a tener el carácter de funcionarios de carrera de la Administración militar.

El hecho de que los MPTM temporales no son funcionarios de carrera también es un hecho incuestionable. Lo ha puesto de manifiesto hasta la saciedad la Sala Tercera del Tribunal Supremo en su (por todas) Sentencia de 14 de diciembre de 2016 en la que se in admite (una vez más) un recurso de casación a un militar de tropa y marinería contratado temporalmente por no ostentar la cualidad de militar de carrera versus funcionario de carrera. El Alto Tribunal en el FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO establece:

“… Así las cosas, es obvio que el recurrente tenía la condición de militar de tropa y marinería de carácter temporal, no ostentando en consecuencia la condición de funcionario de carreray no versando la pretensión discutida sobre el nacimiento de la condición de militar de carrera -únicamente reservada, desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007, a los casos de acceso por los militares de tropa y marinería a una relación de servicios de carácter permanente.

Aparte de lo anterior, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) agrupa a TODA la profesión militar sin hacer distinción  entre los MPTM temporales regidos por la Ley 8/2006 de tropa y marinería, y los militares permanentes regidos por la Ley 39/2007 de la Carrera Militar.

 Así, el  articulo 4 d), como personal con legislación específica propia, habla genéricamente de “Personal Militar” refiriéndose a la Profesión militar sin hacer distinciones de categorías ni de relaciones jurídicas.

Quiere esto decir que si bien los militares de carrera podrían considerarse como personal con estatuto propio, no así lo serían los que se vinculan de manera temporal, ya que estos mantienen una relación totalmente distinta a los de carrera, no pudiendo existir dos estatutos (uno para militares temporales y otro para militares permanentes) que regulen un mismo colectivo profesional como es la profesión militar, y muchísimo menos establecer un estatuto de personal exclusivamente para un determinado colectivo vinculado de manera temporal a la Administración. 

En el caso del resto de las profesiones con legislación propia su legislación estatutaria regula todas las escalas de personal que se agrupan en un mismo estatuto, es el caso del Estatuto del Personal Sanitarioque se regula mediante la Ley 55/2003 (y que engloba: el estatuto jurídico del personal facultativo, el del personal auxiliar sanitario titulado y auxiliar de clínica y el de personal no sanitario) y del Estatuto de Personal estatutario del C.N.I. (que engloba a personal militar, policía nacional, guardia civil y personal civil), etc.

Además de lo anterior está el hecho de que el propio colectivo de la tropa y marinería española se rige por dos leyes distintas:

1.        Por una parte está la tropa y marinería que se vincula con la Administración mediante una relación de carácter permanente  y que se rige por la Ley de la Carrera Militar (Ley 39/2007). Esta Ley engloba a todas las escalas de militares de carrera del ejército  y se aplica a tropa, suboficiales y oficiales etc..

2.        Por otra parte existe la tropa y marinería que se vincula a la Administración mediante contratos (compromisos) temporales  y que se rige por la Ley 8/2006 de tropa y marinería y que se aplica SOLO a la escala de tropa y marinería temporales y no a los permanentes.

Por lo tanto la propia Administración Militar marca absolutamente las diferencias en cuanto a relación de servicios entre los MPTM permanentes y los MPTM temporales y dependiendo del tipo de vinculación jurídica que les una a unos y a otros con  las Fuerzas Armadas (FAS) les otorga diferencias laborales. Así, ocurre, por ejemplo, en cuanto al salario. La tropa y marinería permanente o de carrera perciben un salario superior al que percibe la tropa y marinería temporal aunque los empleos militares (grados o rangos), las funciones, las características, las  condiciones del puesto de trabajo y las responsabilidades sean EXACTAMANETE las mismas. Lo mismo ocurre en cuanto a la uniformidad de unos y otros, ya que unos y otros lucen uniformes totalmente diferentes.

Además, y por otra parte, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo en su (por todos) Auto de 18/07/13 número de recurso 3188/2012 Numroj: ATS 8303/2013, asimila al funcionario de carrera con el funcionario estatutario fijo. Por todos, Auto de 25/09/2008, Sección: Primera Número Recurso: 3661/2006. En el FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDO de dicha Sentencia se puede leer:

En efecto, en este Auto se recuerda que la contra excepción del artículo 86.2.a) de la Ley de esta Jurisdicción exige que la sentencia de instancia se refiera a una cuestión de personal que afecte al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera, concepto del que la Sala venía excluyendo al personal estatutario. 

Sin embargo, la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril , del Estatuto Básico del Empleado Público, ha puesto de relieve que, aunque siguen existiendo diferencias entre el funcionario de carrera y el personal estatutario fijo, no hay justificación para excluir a este último personal del acceso al recurso de casación en las mismas condiciones que el funcionario de carrera, con la consecuencia de la asimilación de dicho personal estatutario fijo al funcionario de carrera a los efectos de la admisión del recurso de casación interpuesto por aquel personal en las cuestiones que afecten al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio del repetido personal estatutario fijo.” 

Por lo tanto y resumiendo, los MPTM temporales no podrían de ninguna de las maneras ostentar la condición de  Funcionarios estatuarios por varios motivos: 

1º) Los MPTM temporales una vez adquieren la condición de permanente en las FAS adquieren la condición de militares de carrera (funcionarios de carrera según Sentencia TS de 14 de diciembre de 2016) y no de personal estatutario fijo. Luego, a “sensu contrario” anteriormente a adquirir esta condición no pueden tener la condición de personal estatutario temporal.

2º)  Como hemos dicho anteriormente, el E.B.E.P. (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) agrupa a TODA la profesión militar (MPTM temporales regidos por la Ley 8/2006 de tropa y marinería y militares permanentes regidos por la Ley 39/2007 de la Carrera Militar) dentro del art. 4 como personal con normativa especial.

3º) El art. 3.6 de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar establece que los militares de carrera (asimilados a funcionarios de carrera) mantienen una relación jurídico pública con la Administración Militar, con las FAS, y, sin embargo,  el art. 6.2 de la Ley 8/2006 establece que la regulación de la tropa y marinería vinculada con carácter temporal mantiene una relación jurídico pública de carácter especial.

CUARTO.- No obstante todo lo anterior y queriendo “forzar la situación” perseverando en considerar a estos MPTM temporales como personal Estatutario, lo único que cabría imaginar es que dicho personal  temporal al servicio de la Administración se encuentra en régimen de interinidad, por lo que entonces se debieran encontrar dentro de alguno de los supuestos establecidos en el art. 10 del Estatuto Básico del Empleado Público:

“Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:….”

Está claro que la relación juridico publica de carácter especial que se establece mediante la firma de los compromisos y que se rige por la Ley de Tropa y Marinería no obedece a razones de expresamente justificadas de necesidad y urgencia.

Todos sabemos que no son razones de expresamente justificadas de necesidad y urgencia las que originan la convocatoria de plazas para el acceso de estos empleados públicos a la Administración militar, sino que lo son otras razones cuales son dotar al ejército de puestos de trabajo básicos, necesarios permanentemente, puestos de estructura y que tienen su propia escala dentro de las FAS con sujeción a unos Presupuestos Generales.

Así, se convocan plazas de tropa y Marinería para proveer de puestos de trabajo a la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa con el acceso de nacionales y extranjeros a la condición de militar de tropa y marinería, en el número que resulte necesario sin superar 79.000 efectivos el día 31 de diciembre de 2017 mediante proceso de selección por el sistema de concurso-oposición.

Asi lo dice la propia  la convocatoria, 3007 Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo, de la Subsecretaría de Defensa, ( BOD Núm. 66 Sábado 18 de marzo de 2017 Sec. II.B. Pág. 19892).

Por lo tanto,  además de todas las argumentaciones anteriores y en favor de la naturaleza laboral de esta relación jurídico pública de carácter especial  hay que añadir una poderosa razón de peso y es la existencia de extranjeros,no solo comunitarios sino nacionales extracomunitarios, entre el Personal de Tropa y Marinería con compromisos (o Contratos) temporales iniciales idénticos a los de los nacionales españoles, y cómo se conjuga este hecho con lo preceptuado por el art. 57.4 del EBEP, Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Vigente hasta el 01 de Noviembre de 2015), posterior en un año a la Ley 8/2006 de tropa y marinería.

“…4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles “.

Es decir que los  puestos de trabajo de la Tropa y Marinería, por lo tanto,  constituyen la base de las fuerzas Armadas (como dice su propia normativa) ocupan puestos de estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa no respondiendo, por tanto,  a necesidades justificadas de necesidad y urgencia. Sus cometidos, que no varían desde su ingreso hasta su despido a los 45 años de edad, constituyen la labores propias y cotidianas de puesto de trabajo de estos trabajadores en la Empresa Pública y, no labores o desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera. Por tanto, estos Contratos temporales (Compromisos) NO tienen causa para tal temporalidad.

QUINTO.- Por último decir queestablecer que es elOrden Contencioso Administrativo el competente para conocer de este pleito vulneraría las normas sobre competencia establecidas por artículos  8, 9 y 11 de la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA). No es competente dicho Orden Jurisdiccional cuando se trata del conocer del nacimiento o extinción de la relación de servicio de quien no es funcionario de carrera. 

 De haber considerado el Tribunal Supremo a los militares de tropa y marinería temporal como personal funcionario estatutario, habría admitido en casación los recursos derivados de la extinción de la relación de servicios con la Administración Militar. No ha sido así. Es más, incluso condena en costas a quien se “atreve” a recurrir en casación siendo militar temporal de tropa y marinería como se pone de manifiesto en la reciente y citada Sentencia de 14 de diciembre de 2016 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde en su fundamento de derecho segundo también se puede leer:

El recurrente, como ya se ha señalado, era militar de tropa y marinería, con el empleo de soldado, y la controversia que dio lugar a la sentencia recurrida en esta casación estuvo referida a la resolución que dispuso su baja en las Fuerzas Armadas en aplicación de lo establecido en el artículo 71.5 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre , de la carrera militar. Así las cosas, es obvio que el recurrente tenía la condición de militar de tropa y marinería de carácter temporal, no ostentando en consecuencia la condición de funcionario de carrera y no versando la pretensión discutida sobre el nacimiento de la condición de militar de carrera -únicamente reservada, desde la entrada en vigor de la Ley 39/2007, a los casos de acceso por los militares de tropa y marinería a una relación de servicios de carácter permanente. Estamos, por ello, ante un supuesto no susceptible de recurso de casación, conforme dispone el artículo 86.2.a) de la LJCA . La sentencia impugnada no es susceptible de recurso de casación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 86.2.a) de la Ley de la Jurisdicción , al encontrarnos ante una cuestión de personal al servicio de la Administración que no afecta al nacimiento o a la extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera.

El hecho de “forzar” a que este personal con una relación jurídico pública de carácter especial acuda al Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo para conocer del nacimiento o  extinción de su relación de servicios no siendo funcionario de carrera,  a nuestro juicio, también vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva(art. 24.1 de la CE) que y al Juez ordinario predeterminado por la Ley que protege, antes que nada a estos individuos, titulares de derechos e intereses legítimos,  frente a los poderes públicos.

Desde el punto de vista de este gabinete jurídico pues, tal relación jurídico-pública de carácter especial constituye un concepto jurídico confuso y no determinado y que no hace más que “encubrir” la regulación que les correspondería a los soldados de Tropa y Marinería con compromisos temporales  que no sería otra que la contenida en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y que, en todo caso, se trata de una relación laboral no sujeta al ámbito del derecho administrativo.

A la vista de todo lo anterior cabría preguntarse ¿Por qué esta indefinición? ¿Por qué la temporalidad de la Tropa y Marinería española y no la del resto de las escalas militares? ¿A qué interés obedece?...


UNA SOLUCIÓN PARA LA TROPA Y SU FRAUDE DE LEY (21/02/2017)

UNA SOLUCIÓN PARA LA TROPA Y SU FRAUDE DE LEY (21/02/2017)

No es algo nuevo que en España, en cuanto a legislación militar, se legisle mal y a trompicones. En el año 2006 los efectivos de tropa y marinería eran insuficientes. Eran tiempos en los que las dotaciones cambiaban de buque porque no había marinería bastante. Había que hacer un Ley “atractiva” para completar las necesidades de tropa y marinería. Incluso hubo que derogar alguna normativa para permitir el acceso a extranjeros a las Fuerzas Armadas y, como siempre, la tropa y marinería fueron “las hermanas pobres de nuestras Fuerzas Armadas”. No se hizo una Ley estatutaria de todo el personal militar y se apartó a la tropa vinculándola a la Administración Pública de manera temporal. Este modelo tenia su “aquel”, y no era más que tener a disposición y al criterio de mandos la decisión de seguir conservando un puesto de trabajo si el trabajador era lo suficientemente sumiso. De no serlo, pues IPEC negativos, informes desfavorables…y a la calle.

No existen en toda la Administración Pública española dos leyes distintas para regular una misma profesión. Aquellos que son de carrera ya no están bajo el paraguas de la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería sino de la Ley 39/2007 de la Carrera Militar al ser precisamente permanentes o militares de carrera y todo ello a pesar de que la Subsecretaría de Defensa se empeñe ahora en decir que toda la profesión militar está regida por una relación jurídico pública de carácter especial. ¿Qué es esto?....La polémica está servida pues.

De haberse hecho bien las cosas ahora no se estaría hablando de “salidas Laborales” para la Tropa pues estos ocupan puestos de estructura. Baluartelex opina que la solución digna para los MPTM temporales no es ofrecerles “Salidas laborales“ sino la contraria, es decir asumir que los militares son necesarios dentro de las FAS y  deben  permanecer en el ejército hasta su retiro ya que por imperio de la ley tienen ganado ese derecho y, por otra parte, sería la solución idónea y además la más operativa ganándose con ello el Ministerio de Defensa el respeto de todos los españoles.

La logística es tan importante que no se ha ganado nunca una guerra sin una buena organización logísticay de ello se podrían poner muchos ejemplos en la historia. En definitiva sin fuerza logística no existirían los ejércitos. La Tropa es tan necesaria en puestos de combate como en puestos logísticos.

Y es que en la regulación legal de la Tropa y Marinería, de haberse seguido criterios operativos militares se habría dado prioridad a que los recién llegados hubiesen ocupado puestos operativos en unidades de combate y una vez pasado el tiempo ocupar puestos logísticos hasta su edad de retiro.

En este modelo tan solo se han tenido en cuenta las vacantes de naturaleza logística para los militares de tropa y marinería de carrera y todo esto manteniendo una temporalidad mediante contratos de trabajo de, a veces, hasta de 25 años de duración

Existen modelos de Fuerzas Armadas en los que por cada combatiente llega a haber hasta sesenta individuos en puestos logísticos de diversa naturaleza.

Por otra parte no  existe motivo alguno por el cual se tenga que abandonar la milicia a los 45 años. Cabría preguntarse: ¿Qué ocurre en el ser humano a los 45 años que no ocurre a los 44 o 46 años para tener que abandonar la profesión de las armas? No existe reglamento de exclusión alguno en que pueda ampararse dicha “cláusula” y menos en una Administración Pública. En el Ejército Español habría trabajo para todos y todos pueden y deben ser útiles a cualquier edad.

 Desde nuestro punto de vista, la solución para la Tropa “temporal” sería formarlos a fin de que también ellos puedan hacer su carrera dentro del ejército, es decir, para que, desde que entran y conforme vayan cumpliendo edad puedan ir desempeñando distintos puestos dentro del ejército y de esta manera cumplir con su vocación y juramento de servir a la defensa nacional. De esta manera, por otra parte, se daría cumplimiento a su derecho al carácter permanente de su relación laboral, a su derecho a la promoción en el trabajo y al resto de  los derechos que la Constitución y las Leyes les otorgan.

 

 


LA LEY DE TROPA Y MARINERIA PUEDE SER INCONSTITUCIONAL (17/11/2016)

LA LEY DE TROPA Y MARINERIA PUEDE SER INCONSTITUCIONAL (17/11/2016)

¿Donde está amparado jurídicamente que la Administración Militar pueda legislar en materia laboral sin respetar el resto del ordenamiento jurídico?

Por más que este gabinete jurídico ha estudiado el tema intentando encontrar la respuesta, ello no ha sido posible y al amparo del derecho que nos concede el artículo 20 de la constitución española (CE) publicamos nuestra opinión jurídica al respecto.

Más bién al contrario, tanto en nuestra CE como a lo largo de la normativa militar se reitera el deber de sometimiento de ésta Administración a los mandatos constitucionales y al resto del ordenamiento jurídico. No obstante, nos encontramos que, en la realidad,  dicho sometimiento no es tal en virtud de una serie de circunstancias que ponemos de manifiesto y que nos llevan, en última instancia, a la conclusión de que tanto  en la Ley 8/2006 de tropa y marinería como en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar existen causas de inconstitucionalidad.

Del artículo 8 de la CE se deduce, en primer lugar, que la  FAS tienen que defender y, por tanto, actuar de acuerdo con la Constitución como norma fundamental del Estado, y regirse por los principios básicos contenidos en ella. Por otra parte, es evidente que la organización militar' incluye necesariamente la organización de todo el personal militar y que será una Ley orgánica la que regule las bases de la organización militar conforme a los principios presentes en la CE. No obstante creemos que ello no se ha producido, es decir, que ni se ha regulado mediante Ley orgánica las bases de la organización militar, ni se ha legislado conforme a los principios contenidos en la constitución.

Actualmente esta regulación está contenida en  La Ley 8/2006 de tropa y marinería y en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, que son leyes ordinarias.

Además de lo anterior, los contratos de trabajo o compromisos que se regulan tanto en la Ley 8/2006 de tropa y marinería como en la Ley 39/2007 de la carrera Militar como una pretendida “relación jurídico-pública de carácter especial” que vincula tanto a los MPTM con compromisos temporales como a los oficiales de complemento no tienen encaje en el resto del ordenamiento jurídico y, por tanto, la regulación contenida en ambas leyes en cuanto a la organización del personal militar supondrían una vulneración del principio de Igualdad ante la Ley del articulo 14 y una vulneración del derecho al trabajo del artículo 35 de la CE (ambos contenidos en el Capítulo Segundo, de nuestra Carta Magna) al no haberse respetado el contenido esencial del Estatuto de los Trabajadores .

Es más, los derechos y deberes reconocidos en el capítulo segundo de nuestra CE (entre otros los artículos 14 sobre igualdad ante la Ley y el  artículo 35 sobre el derecho al Trabajo), vinculan a TODOS los poderes públicos (artículo 53.1 CE) entre ellos, el poder legislativo, y el ejecutivo (la Administración militar está dirigida por el Gobierno) y el ejercicio de tales derechos y libertades solo puede regularse por Ley que en todo caso respetara su contenido esencial. En este caso, la Ley cuyo contenido esencial se debió respetar es  La ley del Estatuto de los trabajadores  ( artículo 35.2 de la CE )

Para llegar a estas afirmaciones hemos realizado un estudio y análisis histórico de la legislación militar que dejaremos a disposición de los lectores interesados como documento adjunto a este post y donde, en resumen, venimos a concluir lo siguiente:

1º - Es cierto que tras la Constitución se dictó una primera Ley Orgánica, la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de Julio por la que se regulan los criterios básicos de la defensa nacional y de la organización militar (Vigente hasta el 8 de diciembre de 2005) pero en ella nada se decía aún sobre la organización de los militares que no lo fuesen de carrera.  

No  olvidemos que entonces estábamos hablando de unas Fuerzas Armadas donde solo existía el servicio militar obligatorio, tropa prfesional y  militares de carrera en los cuadros de mando.

2º - la Ley ordinaria 17/1989, de 19 de julio reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional ya era inconstitucional por no ser Ley orgánica ni haber respetado principios ni preceptos constitucionales ni el  contenido esencial del ET.

3º –Posteriormente se promulgó La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas que derogó la anterior, y que introduce otro nuevo modelo de Fuerzas Armadas creando otras nuevas relaciones de servicios profesionales, distinguiendo entre: militares de carrera, militares de complemento y militares profesionales de tropa y marinería. Además introduce la suspensión de la prestación del servicio militar obligatorio, y la incorporación de reservistas a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, este nuevo modelo organizativo tampoco está amparado en Ley orgánica alguna pues la Ley 17/1999 también era una Ley ordinaria.

4º - No fue hasta 2005 cuando se promulga la nueva Ley orgánica 5/2005, de 17 de noviembre de Defensa Nacionalque deroga la de 1980  ( dispos. Derogatoria única. Derogación normativa)

En realidad ya no hacía falta una Ley orgánica pues ya se habían regulado los nuevos modelos organizativos mediante Leyes ordinarias. Entendemos la regulación se hizo al revés, es decir, primero la regulación mediante Ley ordinaria de los nuevos modelos organizativos y después la Ley orgánica de bases.

Esta Ley Orgánica, curiosamente, no mencionaba al personal que ya integraba las Fuerzas Armadas (MPTM temporales, oficiales de complemento, reservistas, etc.)

O sea, que ésta Ley orgánica tampoco regula las bases de la organización militar del art. 8 de la CE. Existiendo ya una organización del personal militar mediante la Ley de 1999, se limita a distinguir, de forma genérica, entre una estructura orgánica y una estructura operativa, e incluyendo al  personal MPTM y de complemento  dentro de lo que denomina “ Fuerza”, o “Apoyo a la Fuerza“, respectivamente  y a los reservistas dentro de la categoría de “ aportación de otros recursos provenientes de la sociedad” ( Art. 29 ), pero sin entrar en una regulación legal y específica de la relación de servicios de éstos militares.

Paradójicamente esta Ley orgánica de 2005 mencionaba la aportación de “OTROS” recursos humanos provenientes de la sociedad (reservistas) y no mencionaba la aportación de los recursos humanos que se incorporaban a las FAS como Militares Profesionales de Tropa y Marinería o como Oficiales de complemento, ¿ Por qué ?...

5º - En éste contexto en el año 2006 se promulga la Ley de Tropa y Marinería que establece OTRO nuevo modelo de Organización Militar que es el que tenemos actualmente

En su PREÁMBULO, se justifica del siguiente modo;

“…Esta ley establece un nuevo sistema con la finalidad principal de consolidar la plena profesionalización. Para conseguir este objetivo se posibilita al soldado y marinero una prolongada relación temporal con las Fuerzas Armadas y, a su término, un abanico de salidas laborales y unas medidas socioeconómicas que tienen en cuenta los años de servicio realizados, con la pretensión de que prestar servicio en las Fuerzas Armadas se configure como una opción más atractiva para muchos de nuestros jóvenes…”

En virtud de ésta Ley la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas que suscriben los militares profesionales de tropa y marinería  en cualquiera de sus modalidades (compromiso inicial, de larga duración y la condición de permanente) constituyen  también una relación jurídico-pública de carácter especial que se establece mediante la firma del compromiso (Art. 6) y  que tampoco tiene encaje ni en el Estatuto de los Trabajadores entonces  vigente por  Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,  ni en el actualmente el vigente por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre continuándose también, por lo tanto, con la vulneración de los mandatos constitucionales mencionados y contenidos en los artículos 8.2, 14,  53.1,  35.2, y 103  de la CE.

6º - Por último, en el año 2007 se promulga Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar que intenta justificar en su PREÁMBULO todo éste devenir de irregularidades legislativas desde los mandatos constitucionales de 1978.

Y el Art.5  de esta Ley sobre  Adaptación de las normas del empleado público dice:

“ Los principios y normas de aplicación general al personal al servicio de la Administración General del Estado, establecidos de acuerdo con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público se incorporarán al régimen del personal militar profesional, siempre que no contradigan su legislación específica, por medio de normas reglamentarias en las que se efectuarán las adaptaciones debidas a la condición militar..” 

En Conclusión, de todo lo anterior, hemos deducido que la legislación militar es una legislación LIMITATIVA DE DERECHOS. Es decir, no es la legislación general (la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo del Estatuto de los Trabajadores entonces vigentes) la normativa que debe adaptarse a la legislación específica de los militares, sino al contrario, la legislación específica de éstos la que debe de adaptarse y respetar a la legislación general. Lo contrario supone una limitación de derechos y una violación de Derechos fundamentales y Principios constitucionales  y principalmente el derecho de Igualdad ante la Ley.

Entendemos, además que, La Ley de Tropa y la Ley de la Carrera Militar vigentes desde hace ya una década, son inconstitucionales por cuanto violan mandatos y principios contenidos en la CE. Verdaderamente no se ha llevado a cabo una regulación mediante ley orgánica de las bases de la organización militar, sino sucesivas regulaciones de ésta  mediante leyes ordinarias, con vulneración del artículo 8.2 de la CE.

Por otra parte la Administración militar en cuanto a poder público ha incumplido la obligación de vinculación de los poderes públicos a los derechos fundamentales y Libertades Públicas contenidos en el Capítulo Segundo de nuestra CE, según mandato del artículo 53.1  de la CE al no respetar la Ley del Estatuto de los Trabajadores o al menos su contenido esencial, según el artículo 35.2 de la Carta Magna.

Según éste último mandato constitucional la Administración militar debería de haber regulado la relación jurídica del personal  temporal al servicio de las FAS (MPTM temporales y oficiales de complemento) con sometimiento al Estatuto de los Trabajadores y al EBEP vigentes. Por tanto se ha cometido violación del principio constitucional de Igualdad ante la Ley (artículo 14 CE) por discriminación frente a otros trabajadores temporales al servicio de otras Administraciones Publicas.

Además dadas las previsiones legales contenidas en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería y su incumplimiento creemos que se ha producido además la violación de otros derechos constitucionales respecto a los MPTM temporales cuales son:

-         El derecho a la educación (Articulo 27.1 y 5 de la CE). La Ley de tropa regulaba el derecho a la formación y educación de los MPTM a fin de promocionarles salidas laborales después de sus compromisos temporales con las FAS ( Artículos 20 y 21 de la Ley de Tropa y Marinería ), y

-         El derecho a la promoción a través del trabajo ( Artículos 35, 40, 41 de la CE ), ya que la Ley preveía un sistema de ascensos que tampoco ha cumplido.

Así pues, desde la promulgación de la CE en 1978, al personal profesional  al servicio de las FAS (militares profesionales) se le ha venido aplicado un régimen especial en su relación laboral que no tenía encaje en el resto del ordenamiento jurídico y que se la ha denominado como “relación jurídica de carácter especial” sin que las razonespara ello estén justificadas en la CE que solamente recoge ciertas especificidades en el régimen que, además, están tasadas. El resto de las especificidades (que la institución militar pretende justificar por respeto a unos principios de jerarquía, disciplina y razones de defensa nacional ), no están amparadas constitucionalmente.

No sería justo ni propio que un Estado social y democrático de derecho que constitucionalmente propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, permitiera que una Ley fraudulenta e inconstitucional, cual es la actual Ley 8/2006 de Tropa y Marinería se impusiera  despidiendo injusta e inconstitucionalmente a miles de trabajadores a los 45 años sin formación alguna para reinsertarse en el Mercado laboral  después de haber dado su vida por España  condenándolos a la miseria.

 

 


UN PASO MÁS: “LOS MPTM CON COMPROMISOS TEMPORALES CON LAS FAS  HABRIAN ADQUIRIDO LA CONDICIÓN DE  TRABAJADORES INDEFINIDOS DE LAS FAS POR HABER SIDO CONTRATADOS EN FRAUDE DE LEY” (25/10/2016)

UN PASO MÁS: “LOS MPTM CON COMPROMISOS TEMPORALES CON LAS FAS HABRIAN ADQUIRIDO LA CONDICIÓN DE TRABAJADORES INDEFINIDOS DE LAS FAS POR HABER SIDO CONTRATADOS EN FRAUDE DE LEY” (25/10/2016)

De acuerdo con la normativa vigente, seria ilegal para estos MPTM con compromisos temporales, la resolución de su compromiso a los 45 años.

 

No obstante lo publicado anteriormente, tras realizar un estudio pormenorizado, este gabinete jurídico ha llegado a la conclusión de que los MPTM con compromisos temporales con las FAS estarían contratados en “Fraude de Ley“. Por lo  tanto, habrían adquirido la condición de indefinidos.

 

Y ello en base a la siguiente argumentación.

 

1º)- Los MPMT prestan sus servicios en la Administración Militar como personal laboral, según los artículos 8.2.c) y 11 del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y mantienen con esta Administración una relación jurídico-pública de carácter especial, regulada por la Ley de Tropa y Marinería (Art. 6) que no sería otra cosa que una relación laboral de carácter especial, según el Art. 2.1.i) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( por ser una relación laboral cuyo empleador es una Administración Pública ) mediante la firma de contratos de trabajo, que en la Institución Militar se denominan compromisos.

2º)- Por tanto, podemos decir que, los MPMT con compromisos temporales celebran su relación contractual con las FAS según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), que dice así:

 

 

Según lo preceptuado por éste art. 1.3 del Estatuto de los Trabajadores:

 

“1. Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:

 

a)      La relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regulará por el Estatuto de la Función Pública, así como la del personal al servicio del Estado, las Corporaciones locales y las entidades públicas autónomas, cuando, al amparo de una Ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias'

 

Al respecto tenemos que decir que La Ley 8/2006 de tropa y marinería no está desarrollada por norma administrativa alguna. Es decir, que no existe ni Real Decreto ni Orden Ministerial que la desarrolle. Por lo tanto, “a sensu contrario”, dicho personal  (los MPMT con compromisos temporales) no están excluidos de la regulación del ámbito de aplicación de  la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 

3º)– No obstante todo lo anterior, y pese a que los MPMT con compromisos temporales deben de estar incluidos dentro del ámbito de regulación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, los Compromisos o Contratos temporales que se suscriben en las Fuerzas Armadas, al amparo de  La Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, no tienen encaje legal  ni en el Estatuto básico del Empleado publico (EBEP) ni en los tipos de contratos regulados por el Estatuto de los Trabajadores (ET).

Así, el artículo 15 del ET regula las diferentes modalidades de contratación temporal cuando preceptúa:

“1. El contrato de trabajo podrá concertarse por tiempo indefinido o por una duración determinada.

Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:

 

a)      Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta……

b)      Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa….

c)      Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución…”

La relación contractual  de los MPTM con compromisos temporales con las FAS no se puede encuadrar en ninguno de los supuestos anteriores. Ni estos contratos temporales tienen causa para la temporalidad pues las tareas y funciones que realizan los MPTM con compromisos temporales desde el la firma del compromiso inicial constituyen las mismas tareas propias de su empleo y actividad en las FAS hasta la finalización de su compromiso a los 45 años.

Por tanto, nos encontramos con que ninguno de los contratos establecidos en la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería encuentran acomodo en ninguna de las modalidades de contratación temporal regulada ni en el Estatuto Básico del Empleado Público, ni en el Estatuto de los Trabajadores, a saber:

* Contrato de obra o servicio determinado.

* Contrato eventual por circunstancias de la producción.

* Contrato en prácticas

* Contrato para la formación. Se exceptúa aquí el periodo de formación militar en la que el personal ostenta la categoría de alumno y no de personal militar propiamente dicho.

* Contrato de relevo

* Contrato de interinidad…

Sigue diciendo el artículo 15 del ET…

“…3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley…

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente….”

De lo anterior se deduce que la relación laboral temporal de estos MPTM con compromisos temporales es  una relación celebrada en fraude de ley, por lo cual éstos militares  habrían adquirido la condición de indefinidos en las FAS.

Es más, en virtud de lo preceptuado por el apartado 5 del éste artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores muchos de los actuales MPTM temporales ya habrían adquirido la condición de fijos de esta empresa pública (fijos de la Administración Militar), AUNQUE SEGÚN DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO, los trabajadores de la Administración adquirirían la condicion de indefinidos,ya que sus contratos temporales cumplen con los requisitos del citado precepto. Es decir, en un periodo de treinta meses estar contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses con solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más contratos temporales. Estamos, además,  ante una presunción “iuis et de iure”.

4º)– En opinión de éste Gabinete Jurídico concurren los elementos necesarios para que opere un fraude de ley,  y así  pues, la Ley de Tropa y Marinería actuaría como “Ley de Cobertura”. Es decir:

* Existe una Ley defraudada  (Ley del Estatuto de los Trabajadores).

 

* Existe una Ley de cobertura con la que se pretende legitimar la acción fraudulenta (La Ley de Tropa y Marinería). 

 

* Existe un resultado contrario al ordenamiento jurídico (la indefinición de los contratos) y que trata de ocultarse tras la Ley de cobertura.

 

* La Ley que ampara al acto que se presume fraudulento no le protege suficientemente.

 

* Esta contratación da un resultado contrario o prohibido por una norma fundamental en la materia.

 

* Se ha  producido el hecho prohibido.

 

(STS Sala de lo Social de 30 de septiembre de 2002; STS Sala de lo Social de 13 de Junio de 2003; STS Sala de lo Civil de 28 de enero de 2005)

 Por todo lo cual, entre otras consecuencias, creemos que no puede operar  para estos MPTM con compromisos temporales, la resolución de su compromiso a los 45 años, como actualmente regulan la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería de 24 de abril, La Ley 39/2007, de 19 de Noviembre de la Carrera Militar, el Reglamento aprobado por Real Decreto 1111/2015, de 11 de diciembre y, además la Instrucción Técnica (IT) 02 /12 sobre “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE COMPROMISOS DE LOS MILITARES DE COMPLEMENTO Y MILITARES DE TROPA”.


LA COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL RESPECTO DE LOS MPTM TEMPORALES (26/08/2016)

LA COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL RESPECTO DE LOS MPTM TEMPORALES (26/08/2016)

Siguiendo con el desarrollo de nuestro artículo publicado con fecha de 01/08/20016, hemos de seguir argumentando que los MPMT con compromisos temporales son personal laboral temporal al servicio de la administración militar. Por lo tanto, a su relación contractual con las FAS le sería de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y sería el Orden jurisdiccional social (y no el Contencioso-administrativo) el orden jurisdiccional competente para conocer de las cuestiones suscitadas respecto a dicha relación laboral.

 

La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, en su PREÁMBULO deja bien claro cual es el espíritu de ésta Ley y así dice textualmente frases como las  siguientes:

 

“La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social desarrolla los mandatos constitucionales de tutela judicial efectiva y de seguridad jurídica para reforzarlos y adaptarlos a las particularidades de esta esfera del derecho. Toda disposición ritualestá estrechamente vinculada con el derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. Su aplicación efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la razón de ser de esta Ley…..”

 

”… Se modifica en consecuencia el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social, que se amplía, racionaliza y clarifica respecto a la normativa anterior, lo que constituye la principal novedad. La presente Ley reguladora de la jurisdicción social concentra en el orden social, por su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como sociales...”

 

“…El objetivo principal de esta nueva Ley es establecer, ampliar, racionalizar y definir con mayor claridad el ámbito de conocimiento del orden jurisdiccional social…”

 

“… Hasta ahora, los tribunales que integran el orden social, a pesar de su razonable funcionamiento, no estaban siempre en condiciones de asegurar la tutela judicial efectiva en un tiempo razonable y con respeto al principio de seguridad jurídica.Esto se ha debido fundamentalmente a la disgregación del conocimiento de determinadas y esenciales materias sociales entre diversas jurisdicciones distintas de la social, como la contencioso-administrativa o la civil. He aquí las dificultades que han generado el denominado «peregrinaje de jurisdicciones», que provocaba hasta ahora graves disfunciones y una merma en la efectiva protección de los derechos de las personas.

Ha llegado pues el momento de racionalizar la distribución competencial entre los órdenes jurisdiccionales en el ámbito de las relaciones laborales…”

 

 

“…Esta preocupación ha inspirado igualmente otras reglas a lo largo de la Ley,…y, en general, la asignación al juez de lo social de la función de garante ordinario de los derechos fundamentales, tanto en las relaciones de trabajo como en el proceso social…”

 

“…En la legislación anterior se mencionaba tan sólo la reclamación previa a la vía judicial, en relación con los litigios entre la Administración y sus trabajadores o entre la Administración de Seguridad Social, sus entidades gestoras y sus beneficiarios, y ahora ha sido modificado a fin de comprender las diversas formas de agotamiento de la vía administrativa por medio de recurso administrativo ordinario como consecuencia de la atracción al orden social del conocimiento sobre los recursos contra resoluciones administrativas en materia laboral…”

 

 “….al asumir la jurisdicción social gran parte de las competencias para conocer de los actos administrativos en materia laboral, sindical, riesgos laborales y parte de seguridad social, el procedimiento de oficio derivado de las comunicaciones de la autoridad laboral a la que se refería el texto anterior dejaba de cumplir, en la mayor parte de los supuestos, con su finalidad coordinadora de las jurisdicciones contencioso-administrativa y social. Se regula específicamente una nueva modalidad procesal, a partir de una demanda contencioso-laboral análoga al recurso contencioso-administrativo anteriormente tramitado en dicho orden jurisdiccional, que sirve de cauce a la impugnación de los actos administrativos en materia laboral…”

 

A éste espíritu de la Ley hay que añadir lo específicamente regulado por su articulado.

 

Así,  en su Artículo 1 dice:

 

Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individualcomo colectiva, incluyendo aquéllas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social, así como de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre las anteriores materias”.

 

En su Artículo 2 dice:

 

“Los órganos jurisdiccionales del orden social, por aplicación de lo establecido en el artículo anterior, conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan:

 

a)      Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo.

b)      ……

c)      ………..

d)       

n) En impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en los procedimientos previstos en el apartado 3 del artículo 47 y en el apartado 7 del artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, así como las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y, respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.

…..”

 

Y en su Artículo 6, dice:

 

1. Los Juzgados de lo Social conocerán en única instancia de todos los procesos atribuidos al orden jurisdiccional social, con excepción de los asignados expresamente a la competencia de otros órganos de este orden jurisdiccional en los artículos 7, 8 y 9 de esta Ley y en la Ley Concursal.

 

2. En aplicación de lo establecido en el apartado anterior, conocerán también en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por:

 

a)       Los órganos de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella siempre que su nivel orgánico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado.

b)        Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, salvo los que procedan del respectivo Consejo de Gobierno.

c)         Las Administraciones de las entidades locales.

d)       Cualquier otro organismo o entidad de derecho público que pudiera ostentar alguna de las competencias administrativas a las que se refieren las mencionadas letras del artículo 2 de esta Ley.

 

 

 

Por otra parte, la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativaestablece en su Artículo 1 lo siguiente:

 

Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo,…”

 

En su Artículo 3 dice:

 

No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

 

a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionalescivil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.

b) El recurso contencioso-disciplinario militar.

•……etc.”

 

 

 

Y en su Artículo 11 dice:

 

“1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocerá en única instancia:

 

De los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios de carrera. Asimismo conocerá de los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos….”

 

 

En virtud de todo lo anterior llegamos a la Conclusión de que sería el Orden Jurisdiccional Social ( y no el contencioso-administrativo como hasta ahora se viene dando  ) el orden competente para conocer de las impugnaciones de las actuaciones de las Administraciones públicas ( en éste caso la Administración Militar ) realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre materias laborales y de Seguridad Social ( articulo 1 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social ) como consecuencia del contrato de trabajo ( Compromisos )  y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo de los MPMT laborales temporales ( articulo 2 a) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social).

 

Por lo tanto, la Jurisdicción Contencioso administrativa no sería la jurisdicción competente en materia de personal para conocer de asuntos referentes al  nacimiento o extinción de la relación de servicio de los militares de Tropa y marinería ( MPMT )  y de complemento con compromisos temporales al ser éstos personal laboral y no  funcionarios de carrera. Ésta jurisdicción sería competente sólo en cuanto al nacimiento o extinción de la relación de servicios de los Funcionarios de Carrera ( Militares de carrera ) y en cuanto a los recursos contra los actos de cualesquiera órganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigüedad en el escalafonamiento y destinos.

 

 

Por todo lo cual, en cuanto a que actualmente son los Tribunales de lo contencioso-administrativo los que han conocido y siguen conociendo de los asuntos derivados de las impugnaciones de las actuaciones de la Administración Militar realizadas en el ejercicio de sus potestades y funciones sobre la relación laboral de éstos  militares de tropa y Marinería con compromisos temporales (MPTM), y en contra del espíritu y de lo preceptuado por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, creemos que se está incurriendo en una grave vulneración de los mandatos constitucionales  de Seguridad Jurídica y de Tutela judicial efectiva (Art. 24 de la C.E) cuya aplicación efectiva en el orden jurisdiccional laboral es la razón de ser de ésta Ley.

 

 

 


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